Proyecto de resolución sobre la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, un crimen de Estado:

 

México a 8 de agosto del 2022. Boletín # 27.

Verdad y Justicia:                             

Lic. Andrés Manuel López obrador. Presidente de México.

Lic. Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación.

Lic. Alejandro Hertz Manero. Fiscal General de la Republica.

Maestra. María del Rosario Piedra Ibarra. Presidenta de la CNDH.

Lic. Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de D. H., población y migración de la SG.

Dr. Arturo Saldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Magistrada. Margarita Ríos Fajat. Presidenta de la primera sala de la SCJN.

Al pueblo de México: 

 

 

Proyecto de resolución sobre la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, un crimen de Estado:

Aarón Soledad Hernández Jarillo.

El proyecto de resolución presentado por la ministra Margarita Ríos Farjat, el 4 de agosto del 2022, para la revisión del amparo 51/2020. Sobre la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, se votará el 10 de agosto del año en curso, en la primera sala de la SCJN. Tiene que ser votado a favor por las cinco ministras/os, encargados de resolver este caso, con la finalidad de que se genere un precedente, para la mayoría de los casos de este crimen de Estado. Tienen que estar a la altura de los estándares internacionales. De lo contrario la verdad y la justicia se quedarán truncas.  

Algunos elementos:

Después de más de 15 años de la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel, la SCJN tiene en sus manos la oportunidad de hacer justicia en esta problemática, la cual ha estado llena de toda una serie de irregularidades y malas aplicaciones de la justicia, las cuales solo han entorpecido y alargado este juicio.

Hay que hacer el señalamiento que, desde un principio, quedo plenamente establecido, que estos dos revolucionarios fueron víctimas de desaparición forzada, los periodistas de la época señalaron de manera clara y puntual, la forma en como las autoridades ejecutoras de este crimen de Estado, actuaron con todo lujo de prepotencia y avasallamiento, para detener desaparecer a dos personas. Ya que, participo un grupo de fusileros del ejército mexicano y diversas fuerzas policiacas federales y del Estado de Oaxaca. Señalaron y quedo registrado que, en este operativo, participaron más de 200 hombres armados, en la detención de Edmundo y Gabriel.

Otro elemento relevante es que, desde el momento mismo de la desaparición forzada, la organización política, a la que pertenecen, estos dos luchadores sociales, Ejército Popular Revolucionario (EPR), se dirigió al presidente en turno de ese momento, Felipe Calderón Hinojosa y al Gobernador de Oaxaca, de ese momento, Ulises Ruíz Ortiz, exigiéndoles la presentación con vida de sus dos miembros, Edmundo y Gabriel. Este hecho quedo claramente registrado.

También es de importancia señalar que, por medio de reportes periodísticos, quedo registrado que, después de una semana de la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel, ambos fueron vistos en el campo militar número 1, con señales de tortura.

Como se puede apreciar estos hechos que, quedaron registrados en su momento, forman una serie de pruebas las cuales no pueden ser soslayadas por los encargados de impartir justicia en este País, sin embargo, hasta el momento han estado actuando, de manera injusta, favoreciendo a los perpetradores de este crimen de lesa humanidad, a quienes han estado protegiendo, solapando y dándoles impunidad.

Sobre la resolución del 10 de agosto:

Este próximo 10 de agosto la SCJN, se va a desahogar el amparo 51/2020, referente a la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel, es conveniente indicar que, en el proyecto de resolución, están elementos que permitirán el avance del expediente en este caso, sin embargo, es todavía una resolución a medias ya que a quienes están confirmando su participación en esta desaparición forzada es a miembros del ejército mexicano (SEDENA), a la Fiscalía General de la República (FGR) a la Secretaria de Gobernación (SG), que participaron en esos hechos. y, a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), los está emplazando, para que, en un plazo de 30 días hagan acciones específicas con la finalidad de resolver la problemática de este crimen de lesa humanidad. Pero, los actores intelectuales de ese atroz crimen de Estado, continuaran impunes.

Si bien es cierto que las indagatorias continuaran de acuerdo a lo que señala el proyecto de resolución, señala que, “existe la obligación de llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial, conducida a partir de la presunción de vida de la persona desaparecida, empeñada y comprometida con su hallazgo y con la persecución penal de los responsables. Destaca la importancia de la participación de las víctimas en los procesos de investigación y búsqueda, así como el derecho a conocer sus avances de manera oportuna, respetuosa y digna”.

En ese sentido, el proyecto señala, que, debe de haber una colaboración de todas las instancias públicas, y, de las autoridades competentes, para realizar acciones de búsqueda y contar con plenas facultades para tener acceso irrestricto y sin necesidad de previo aviso a todos los lugares donde podrían encontrarse las personas desaparecidas, incluidas las instalaciones militares. 

De acuerdo con lo anterior en este dictamen se tendrán que contemplar dos vertientes, una de carácter individual y otra colectiva, “La individual consiste en el derecho que tiene la víctima y su familia a conocer la verdad acerca de los hechos que derivaron en las serias violaciones a derechos humanos y a conocer la identidad de quienes participaron en las mismas. La dimensión colectiva implica la necesidad de prevenir dichas violaciones en el futuro”.

La sentencia confirma, “la apertura de instalaciones militares para buscar a los quejosos, y que el Secretario de la Defensa Nacional debe prestar todas las facilidades necesarias para realizar dichas diligencias”.

Confirma que la SEDENA debe publicar en un diario de circulación nacional un extracto de la sentencia de amparo, como forma de aceptación de su responsabilidad institucional en la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

Confirma que la Fiscalía General de la República debe publicar en su página principal de internet la investigación que se realiza y las pruebas que existen, y si bien se podrán testar los nombres de los servidores públicos que participaron en la desaparición, esto será hasta en tanto haya sentencia ejecutoriada en su contra.

Como se podrá apreciar, hay un avance considerado en lo que se refiere a los actores materiales de este crimen de Estado, aunque faltan otras instancias como, la Secretaría de Marina (SM) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), entre otros. Y, definitivamente se debe de llegar a los actores intelectuales de este hecho, donde las investigaciones apuntan al ex presidente, Felipe Calderón Hinojosa y al ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruíz Ortiz. En ese sentido esperamos que la SCJN, actué en consecuencia y conforme a derecho.

En lo que se refiere a la reparación integral del daño, al parecer el proyecto de resolución, está conforme a derecho, sin embargo, estaremos en espera de la votación.

Corolario:

Con respecto a la votación del 10 de agosto, esperamos que las cinco ministras/os, Margarita Ríos Farjat, Norma Lucia Peña Hernández, Juan Luis Gonzales Alcántara carranca, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y, Jorge María Pardo Rebolledo, voten a favor del proyecto de resolución, con la finalidad de que, en realidad se genere un precedente, para la mayoría de las personas víctimas de este crimen de lesa humanidad. Esperamos una votación a la altura de las circunstancias e instancias internacionales.   

De esa forma se haría vinculatorio, se haría jurisprudencia, lo cual garantizaría que las demás personas víctimas de desaparición forzada, sean favorecidas. De tal manera que esperamos que el voto de los cinco ministros/as encargados de resolver esta problemática sea a favor, y, en consecuencia, fortalecerán el estado de derecho, para todo el pueblo de México.

Ya basta de impunidad. No, queremos más simulaciones.

¡¡¡porque vivos se los llevaron vivos los queremos!!!