México a 1 de agosto del 2022. Boletín # 26.
Verdad y Justicia:
Lic.
Andrés Manuel López obrador. Presidente de México.
Lic. Adán
Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación.
Lic.
Alejandro Hertz Manero. Fiscal General de la Republica.
Maestra.
María del Rosario Piedra Ibarra. Presidenta de la CNDH.
Lic.
Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de D. H., población y migración de
la SG.
Dr. Arturo
Saldívar Lelo de Larrea, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación.
Magistrada.
Margarita Ríos Fajat. Presidenta de la primera sala de la SCJN.
Al pueblo
de México:
La desaparición forzada de, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel
Alberto Cruz Sánchez, un
crimen de Estado:
Aarón Soledad Hernández Jarillo.
Gabriel y
Edmundo, fueron desaparecidos el 25 de junio del 2007, cuando, Felipe Calderón
Hinojosa era presidente y Ulises Ruíz Ortiz, era gobernador de Oaxaca. Ya ha
quedado establecido que estos dos personajes, se aliaron y mandaron organizar
todo un operativo, conformado por un escuadrón de fusileros del ejército
mexicano, corporaciones policiacas federales y del Estado de Oaxaca.,
periodistas de la época señalaron que participaron más de 200 hombres armados,
para detener a Edmundo y Gabriel.
Desde su desaparición
forzada, las víctimas fueron identificadas como miembros del EPR, organización
política que desde un principio le exigió a Felipe Calderón y a Ulises Ruíz, la
presentación con vida de Edmundo y Gabriel, sin embargo, no obtuvieron
respuesta, lo cual quedo registrado. Los medios de información también
señalaron que las víctimas fueron vistas una semana después en el campo militar
número 1, con muestras de tortura. Como se podrá apreciar, el Estado mexicano
dejo toda una serie de evidencias, que indican notoriamente su participación en
este crimen de Estado.
Parte de la lucha política y jurídica:
Los
familiares de las víctimas, su representación jurídica, organizaciones
políticas, de derechos humanos, personalidades, etc., han estado luchando por
más de 15 años, por obtener la verdad y la justicia en este caso, exigiendo el
castigo a los responsables y la reparación integral del daño. Dentro de las
acciones promovidas por los familiares de Gabriel y Edmundo, está la denuncia
ante la FGR y el juicio de amparo donde señalan como autoridades responsables
de desaparición forzada, a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la ex
Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Marina (SM) y el
Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), entre otros.
En el 2008
los familiares de Gabriel y Edmundo, iniciaron la averiguación previa
(047/2008), por desaparición forzada de personas, la cual, fue congelada por 5
años. Sin embargo, en el 2013 presentaron un amparo (942/2013), con el cual
logran reactivar la averiguación previa, el amparo sale a su favor, el Juez
ordena a las autoridades señaladas como responsables rindan un informe.
En el
2014, las autoridades amenazaban con la anulación de la denuncia, por lo cual
fueron interpuestas 2 quejas en el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal
del primer circuito, (29/2014 y 33/2014). El 19 de junio de 2014, se obtuvo la
resolución judicial, de la queja 29/2024. Donde el noveno tribunal, En su
tercer resolutivo señala. “Tercero.- por abundantemente información publicada
en medios de comunicación nacionales, así como derivada de la recomendación
7/2009 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se ha dicho que los señores,
Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez en el transcurso de la
semana en la que desaparecieron forzadamente fueron trasladados a las
instalaciones de la prisión militar, ubicada en el campo militar número uno
perteneciente a la primera región militar de la Secretaría de la Defensa Nacional[1]”.
Es
conveniente indicar que el 6 de agosto del 2020, fueron libradas ordenes de
aprensión, hasta el momento han sido detenidas 8 personas, implicadas en la
desaparición forzada de Edmundo y Gabriel, hay otros dos que se encuentran
prófugos, el ex procurador del estado de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez, y,
el exdirector de la policía ministerial Pedro Hernández Hernández. Lo cual
indica claramente la existencia de este crimen de Estado.
El amparo
fue atraído por la SCJN, el 4 de junio de 2020, dándole el número de expediente
51/2020, para resolver el recurso de revisión., ya lleva más de dos años en su
poder y hasta el momento, no han hecho nada, ahora, está programado para su
resolución el 10 de agosto del 2022. Hay que recordar que el 22 de junio del
2022 programaron la resolución de dicho amparo, sin embargo, el proyecto de
resolución presentado el día 16 de junio del 2022, estaba lleno de
irregularidades, no era claro y preciso, con lo cual dejaba muchos huecos por
donde los responsables de este crimen de Estado podían burlar la justicia, de
tal manera que los familiares de las víctimas y su abogado, entregaron toda una
serie de peticiones, las cuales fueron entregadas a la Ministra, Margarita Ríos
Farjat, quien se comprometió a tomarlos en cuenta y “a actuar con todos los
recursos de la corte, estudiar a fondo con la mayor responsabilidad y seriedad
posible”.
De tal
manera que el 22 de junio del año en curso se llevó un mitin, frente de las
instalaciones de la SCJN, donde los ponentes señalaron que había condiciones
para que, en julio se volviera a enlistar el amparo y que para el mes de agosto
se resolviera. A estas alturas ya estamos sobre los plazos, el 8 de julio se
enlisto el expediente y para el 10 de agosto, está programada su resolución.
No
sabemos, en qué condiciones saldrá el proyecto resolutivo, pero esperamos que
este conforme a derecho y en realidad se respeten las garantías y el derecho
que tienen los familiares de las víctimas, a saber, la verdad y la justicia, a
exigir el castigo a todos los responsables materiales e intelectuales de este
crimen de Estado, y a la reparación integral del daño.
Si los
cinco Magistrados, actúan conforme a derecho y confirman la sentencia, la
responsabilidad por comisión o por omisión del expresidente, Felipe Calderón
Hinojosa, del exgobernador, de Oaxaca, Ulises Ruíz Ortiz, del General,
Guillermo Galván Galván, del Almirante, Mariano Francisco Saynez Mendoza
(finado), entre otros, quedaría probada.
Con base
en todo lo anterior, le exigimos a las ministras/os, Margarita Ríos Farjat,
Norma Lucia Peña Hernández, Juan Luis Gonzales Alcántara carranca, Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mena, y, Jorge María Pardo Rebolledo, apliquen la ley conforme
a derecho, en el caso de Gabriel y Edmundo, con la finalidad de garantizar la
verdad y la justicia, castigo a los responsables intelectuales y materiales,
así como la reparación integral del daño a los familiares de las víctimas. Y
sobre todo que se establezcan y manejen las garantías para todas las víctimas
de desaparición forzada, cuando menos desde los años 60s hasta el momento
actual. Ya no queremos más simulaciones.
¡¡¡porque vivos se los llevaron vivos los queremos!!!
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