México a 8
de agosto del 2022. Boletín
# 27.
Verdad
y Justicia:
Lic.
Andrés Manuel López obrador. Presidente de México.
Lic. Adán
Augusto López Hernández, secretario de Gobernación.
Lic.
Alejandro Hertz Manero. Fiscal General de la Republica.
Maestra.
María del Rosario Piedra Ibarra. Presidenta de la CNDH.
Lic.
Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de D. H., población y migración de
la SG.
Dr. Arturo
Saldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Magistrada.
Margarita Ríos Fajat. Presidenta de la primera sala de la SCJN.
Al pueblo
de México:
Proyecto
de resolución sobre la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel
Alberto Cruz Sánchez, un crimen de Estado:
Aarón Soledad Hernández Jarillo.
El
proyecto de resolución presentado por la ministra Margarita Ríos Farjat, el 4
de agosto del 2022, para la revisión del amparo 51/2020. Sobre la desaparición
forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, se votará el 10
de agosto del año en curso, en la primera sala de la SCJN. Tiene que ser votado
a favor por las cinco ministras/os, encargados de resolver este caso, con la
finalidad de que se genere un precedente, para la mayoría de los casos de este
crimen de Estado. Tienen que estar a la altura de los estándares
internacionales. De lo contrario la verdad y la justicia se quedarán truncas.
Algunos
elementos:
Después de
más de 15 años de la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel, la SCJN tiene
en sus manos la oportunidad de hacer justicia en esta problemática, la cual ha
estado llena de toda una serie de irregularidades y malas aplicaciones de la
justicia, las cuales solo han entorpecido y alargado este juicio.
Hay que
hacer el señalamiento que, desde un principio, quedo plenamente establecido,
que estos dos revolucionarios fueron víctimas de desaparición forzada, los
periodistas de la época señalaron de manera clara y puntual, la forma en como
las autoridades ejecutoras de este crimen de Estado, actuaron con todo lujo de
prepotencia y avasallamiento, para detener desaparecer a dos personas. Ya que,
participo un grupo de fusileros del ejército mexicano y diversas fuerzas
policiacas federales y del Estado de Oaxaca. Señalaron y quedo registrado que,
en este operativo, participaron más de 200 hombres armados, en la detención de Edmundo
y Gabriel.
Otro
elemento relevante es que, desde el momento mismo de la desaparición forzada,
la organización política, a la que pertenecen, estos dos luchadores sociales,
Ejército Popular Revolucionario (EPR), se dirigió al presidente en turno de ese
momento, Felipe Calderón Hinojosa y al Gobernador de Oaxaca, de ese momento,
Ulises Ruíz Ortiz, exigiéndoles la presentación con vida de sus dos miembros,
Edmundo y Gabriel. Este hecho quedo claramente registrado.
También es
de importancia señalar que, por medio de reportes periodísticos, quedo
registrado que, después de una semana de la desaparición forzada de Edmundo y
Gabriel, ambos fueron vistos en el campo militar número 1, con señales de
tortura.
Como se
puede apreciar estos hechos que, quedaron registrados en su momento, forman una
serie de pruebas las cuales no pueden ser soslayadas por los encargados de
impartir justicia en este País, sin embargo, hasta el momento han estado
actuando, de manera injusta, favoreciendo a los perpetradores de este crimen de
lesa humanidad, a quienes han estado protegiendo, solapando y dándoles
impunidad.
Sobre la resolución del 10 de agosto:
Este
próximo 10 de agosto la SCJN, se va a desahogar el amparo 51/2020, referente a
la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel, es conveniente indicar que, en el
proyecto de resolución, están elementos que permitirán el avance del expediente
en este caso, sin embargo, es todavía una resolución a medias ya que a quienes
están confirmando su participación en esta desaparición forzada es a miembros
del ejército mexicano (SEDENA), a la Fiscalía General de la República (FGR) a
la Secretaria de Gobernación (SG), que participaron en esos hechos. y, a la
Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), los está emplazando, para que, en un plazo
de 30 días hagan acciones específicas con la finalidad de resolver la
problemática de este crimen de lesa humanidad. Pero, los actores intelectuales
de ese atroz crimen de Estado, continuaran impunes.
Si bien es
cierto que las indagatorias continuaran de acuerdo a lo que señala el proyecto
de resolución, señala que, “existe la obligación de llevar a cabo una
investigación exhaustiva e imparcial, conducida a partir de la presunción de
vida de la persona desaparecida, empeñada y comprometida con su hallazgo y con
la persecución penal de los responsables. Destaca la importancia de la
participación de las víctimas en los procesos de investigación y búsqueda, así
como el derecho a conocer sus avances de manera oportuna, respetuosa y digna”.
En ese
sentido, el proyecto señala, que, debe de haber una colaboración de todas las
instancias públicas, y, de las autoridades competentes, para realizar acciones
de búsqueda y contar con plenas facultades para tener acceso irrestricto y sin
necesidad de previo aviso a todos los lugares donde podrían encontrarse las personas
desaparecidas, incluidas las instalaciones militares.
De acuerdo
con lo anterior en este dictamen se tendrán que contemplar dos vertientes, una
de carácter individual y otra colectiva, “La individual consiste en el derecho
que tiene la víctima y su familia a conocer la verdad acerca de los hechos que
derivaron en las serias violaciones a derechos humanos y a conocer la identidad
de quienes participaron en las mismas. La dimensión colectiva implica la
necesidad de prevenir dichas violaciones en el futuro”.
La
sentencia confirma, “la apertura de instalaciones militares para buscar a los
quejosos, y que el Secretario de la Defensa Nacional debe prestar todas las
facilidades necesarias para realizar dichas diligencias”.
Confirma
que la SEDENA debe publicar en un diario de circulación nacional un extracto de
la sentencia de amparo, como forma de aceptación de su responsabilidad
institucional en la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz
Sánchez.
Confirma
que la Fiscalía General de la República debe publicar en su página principal de
internet la investigación que se realiza y las pruebas que existen, y si bien
se podrán testar los nombres de los servidores públicos que participaron en la
desaparición, esto será hasta en tanto haya sentencia ejecutoriada en su
contra.
Como se
podrá apreciar, hay un avance considerado en lo que se refiere a los actores
materiales de este crimen de Estado, aunque faltan otras instancias como, la
Secretaría de Marina (SM) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional
(CISEN), entre otros. Y, definitivamente se debe de llegar a los actores
intelectuales de este hecho, donde las investigaciones apuntan al ex presidente,
Felipe Calderón Hinojosa y al ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruíz Ortiz. En
ese sentido esperamos que la SCJN, actué en consecuencia y conforme a derecho.
En lo que
se refiere a la reparación integral del daño, al parecer el proyecto de
resolución, está conforme a derecho, sin embargo, estaremos en espera de la
votación.
Corolario:
Con
respecto a la votación del 10 de agosto, esperamos que las cinco ministras/os,
Margarita Ríos Farjat, Norma Lucia Peña Hernández, Juan Luis Gonzales Alcántara
carranca, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y, Jorge María Pardo Rebolledo, voten a
favor del proyecto de resolución, con la finalidad de que, en realidad se
genere un precedente, para la mayoría de las personas víctimas de este crimen
de lesa humanidad. Esperamos una votación a la altura de las circunstancias e instancias
internacionales.
De esa
forma se haría vinculatorio, se haría jurisprudencia, lo cual garantizaría que
las demás personas víctimas de desaparición forzada, sean favorecidas. De tal
manera que esperamos que el voto de los cinco ministros/as encargados de
resolver esta problemática sea a favor, y, en consecuencia, fortalecerán el
estado de derecho, para todo el pueblo de México.
Ya basta
de impunidad. No, queremos más simulaciones.
¡¡¡porque vivos se los llevaron vivos los queremos!!!
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