11 aniversario de la Desaparición Forzada:

 

México a 28 de agosto del 2022. Boletín # 30.

Verdad y Justicia:                             

Lic. Andrés Manuel López obrador. Presidente de México.

Lic. Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación.

Lic. Alejandro Hertz Manero. Fiscal General de la Republica.

Maestra. María del Rosario Piedra Ibarra. Presidenta de la CNDH.

Lic. Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de D. H., población y migración de la SG.

Dr. Arturo Saldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Magistrada. Margarita Ríos Fajat. Presidenta de la primera sala de la SCJN.

Al pueblo de México: 

 

11 aniversario de la Desaparición Forzada:

Aarón Soledad Hernández Jarillo.

En este 11 aniversario de la desaparición forzada[1], me parece que habría que hacer una reflexión con la finalidad de que, se haga algo que valla en el sentido de que en realidad se aplique la ley conforme a derecho, en este crimen de Estado.

Está claro que, son los altos mandos de los tres niveles de gobierno, federal estatal y municipal, los que tienen a sus órdenes a las fuerzas armadas, Ejército, Marina, Guardia Nacional, policías estatales y municipales., a quienes les ordenan detener desaparecer, a sus opositores, o a personas que consideran que, les pueden causar daño político-social.

Cuando una persona es víctima de desaparición forzada, los altos mandos y las autoridades, lo van a negar, y van a decir que, ellos no saben nada., le van a negar su paradero a los familiares de las víctimas, los desaparecidos, son  llevados a lugares de seguridad, cuarteles, etc., las víctimas van a estar sujetos a torturas, golpizas, malos tratos, etc., si matan a la víctima esconden su cadáver, en lugares insólitos, son arrojados al mar, a parajes de difícil acceso, son incinerados de manera clandestina, enterrados en fosas clandestinas, etc.

Sino, se tienen las pruebas suficientes en un proceso jurídico, los familiares de las víctimas o quienes denuncien una desaparición forzada, difícilmente podrán tener una respuesta satisfactoria a sus reclamos. Porque, el aparato judicial, está lleno de personajes, que, han sido impuestos en sus cargos por los perpetradores, por tanto, van a defender los intereses de quienes los impusieron, van a poner toda una serie de obstáculos para que las denuncias, demandas, amparos etc., no sean desahogados conforme a derecho, con la finalidad de que este crimen de Estado se mantenga impune. Desafortunadamente este es el papel que, han estado jugando., los Ministerios Públicos, Los Jueces, los Magistrados, los Ministros, etc.

Dos casos concretos:

1.  El caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que fueron víctimas de desaparición forzada, existe toda una serie de elementos y pruebas, hay demasiada información, desde el principio de los hechos, que apunta a que fue un crimen de Estado, donde se encuentran vinculados autoridades municipales, estatales y federales. Hay que señalar, que el viernes 19 de agosto del año en curso, el Juez segundo de Procesos Penales Federales del Estado de México, con sede en Toluca, emitió 83 órdenes de aprensión, 20 de ellas contra mandos militares, pero, también están implicados el expresidente, Enrique Peña Nieto, el General, Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de la defensa nacional, el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, entre otros.  

Sin embargo, en la plática que, se dio en la mañanera del 26 de agosto del año en curso, Alejando Encinas, señaló, que no está implicado, el expresidente, Enrique Peña Nieto, algunos periodistas, tratan de hacer preguntas, y, sale Amlo, a decir que, no hay indicios para investigar a Peña Nieto. Esto quiere decir que, Amlo, va a dejar a medias esta investigación, que no va a llegar al fondo de la problemática. Con lo cual, los verdaderos responsables de este crimen de Estado, seguirán impunes. Concretamente, Amlo, está encubriendo y va a encubrir a Peña Nieto.

Con lo cual, está problemática va a continuar, los padres de los 43 normalistas y todo el movimiento que se ha formado alrededor de este crimen de Estado, continuara, exigiendo la verdad, justicia y castigo a los responsables. Porque el gobierno que encabeza Andrés López Obrador, lejos de aplicar la justicia, va a proteger a los perpetradores, ya que Peña “cuando menos” es culpable por omisión.

 

2.       Algo similar pasa en el caso de Edmundo y Gabriel, donde ya hay un dictamen a favor, de los revolucionarios, desde el 10 de agosto del año en curso y hasta este momento, no se ha dado cumplimiento de la resolución emitida por la SCJN.

En este caso también hay que señalar que está implicado, otro expresidente, Felipe Calderón Hinojosa, y el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruíz Ortiz. Ya hay 8 detenidos y dos prófugos, también se tienen que librar ordenes de aprensión de militares, de miembros de la ex PGR, etc. Pero nos parece que, tampoco van a querer llegar al fondo del problema y van a tratar de dejar a medias, esta investigación. Dejando impunes a los responsables de este crimen de Estado. Pero, al igual que, el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los familiares de las víctimas de desaparición forzada, Edmundo y Gabriel, continuaran en la lucha, por la verdad, justicia y castigo a los responsables.

Con base en estos dos casos, lo que resta del sexenio, Amlo y su equipo, van a tener mucho que hacer y qué decir. Ya que, los familiares de Edmundo y Gabriel, los de los 43 normalistas, sus abogados, las organizaciones políticas, de derechos humanos, así como la sociedad civil que, los está apoyando. Le estarán exigiendo a Amlo, que ya dejé de hacerse ganso y que en realidad vaya a fondo en estos dos casos.

Corolario:              

Como se puede apreciar a este gobierno se le juntaron dos casos emblemáticos de lo que, representa en México, la desaparición forzada, ambos cuentan con las pruebas suficientes, para comprobar que ambos casos fueron un crimen de Estado, donde están implicados, dos expresidentes y altos funcionarios de sus respectivos regímenes.

Para su cuarto informe de gobierno, que dará este primero de septiembre, Amlo hizo promocionales señalando que no son iguales, refiriéndose a los gobiernos que han pasado por esta nación del PRI y del PAN. A estas alturas de su sexenio, nosotros hemos señalado que, en efecto no son iguales, salieron peores. Como muestra, la imposición de los charros seccionales y el charro nacional., así como de seguir manteniendo en el poder al charro mayor y cacique actual del STPRM Carlos Antonio Romero Deschamps. en el STPRM. este hecho que acabamos de señalar, no lo hicieron, los del PRI, ni, los del PAN. Pero lo hizo Amlo, por eso es peor, este hecho ya hemos señalado y argumentado.

Ahora, con relación a estos dos casos de desaparición forzada, de Edmundo y Gabriel, y, de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Donde este gobierno y nos referimos a los tres poderes de la unión, el Ejecutivo, el legislativo y el judicial. Tienen que cumplir un papel a la altura de los acontecimientos y estándares internacionales. De tal forma que tienen que ir por los máximos perpetradores.

En el caso de Edmundo y Gabriel, está más que comprobada, la participación de Felipe Calderón Hinojosa y de Ulises Ruiz Ortiz, como actores intelectuales, de este crimen de Estado. En este caso, Enrique Peña Nieto es culpable por omisión. No quiso hacer justicia, se hizo ganso y dejo impunes a los culpables de este crimen de Estado.

En el caso de los 43 normalistas, Cuando menos Peña Nieto, fue omiso, y, participo de manera activa defendiendo a los actores materiales de este crimen de lesa humanidad, en lugar de hacer justicia, invento junto con sus secuaces, “la verdad histórica”, incluso se dirigió a los padres de las victimas diciéndoles, “ya supérenlo”, etc. dejando a los culpables intelectuales y materiales, impunes.

Ahora, que es lo que va a hacer Amlo en estos dos casos. Tiene tres opciones:

a)       No va a la raíz del problema y se convierte en cómplice. Dejando impunes a los actores intelectuales y a algunos materiales.

b)      Hace que avanza, pero, en realidad no lo hace y los resultados quedan a medias, convirtiéndose en cómplice y coparticipe de este tipo de hechos, por omisión.

c)       En realidad, impone la justicia y se castiga a todos los actores, tanto, intelectuales como materiales.

Reclamo:

Lic. Andrés Manuel López Obrador presidente de México, con relación a la problemática de los dos casos que le presentamos, sobre la desaparición forzada. De Edmundo y Gabriel., y, de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En ambos casos existen las pruebas necesarias y suficientes, de que los actores intelectuales, fueron desde las más altas esferas del poder.

Felipe Calderón, Ulises Ruiz y secuaces, tienen que responder ante la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel. En el caso de los 43 normalistas, Enrique Peña Nieto, y, todos los que participaron en este crimen de Estado, tienen que ser enjuiciados y responder por sus actos.

De lo contrario, Usted, López Obrador, quedara como cómplice y pasara a formar parte de los expedientes por omisión. Sino, se resuelven estos casos, de crímenes de Estado, conforme a derecho, los efectos de corresponsabilidad penal, la alcanzaran a Usted. La historia se encargará de esclarecer y enjuiciar, la forma en que actuó como presidente ante estos hechos.   

¡¡¡porque vivos se los llevaron vivos los queremos!!!            

                     

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[1] La Asamblea General de Naciones Unidas, resolvió el 21 de diciembre del 2010, declarar el 30 de agosto, como, el Día Internacional de las Victimas de Desaparición Forzada, el cual debería tomarse en cuenta a partir de 2011. De tal manera que este año se cumplen, 11 años.

87 Aniversario de la formación del STPRM:

 

México a 14 de agosto del 2022 México a 20 de abril del 2022. Boletín # 29.

Democracia Sindical.                        

Lic. Andrés Manuel López obrador. Presidente de México.

Al Lic. Alejandro Hertz Manero. Fiscal General de la Republica.

Al Ing. Octavio Romero Oropeza. Director de Pemex.

Al Lic. Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación.

A la Lic. Luisa María Alcalde Lujan, Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Al Lic. Pablo Gómez Álvarez. Unidad de Inteligencia Financiera.

A la Ing. Norma Roció Nahle García, Secretaria de Energía.     

A los trabajadores petroleros del STPRM.                   

Al pueblo de México.

 

87 Aniversario de la formación del STPRM:

Aarón Soledad Hernández Jarillo.

De acuerdo con los datos históricos, el sindicato petrolero se fundó el 15 de agosto de 1935, pero su lucha y existencia se remontan desde 1915, en un inicio, fue denominado, Sindicato Único  de Trabajadores Petroleros (SUTP), posteriormente se le denomino, Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), después se le agrego revolucionario, Sindicato Revolucionario de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (SRTPRM), después del denominado Quinazo, en 1989, se le quito lo de “Revolucionario” y quedo como, Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).  

Algunos elementos históricos de la formación del STPRM:

Desde que llegaron las trasnacionales petroleras a México, en 1901, invitadas por Porfirio Díaz, a quienes les otorgo todo tipo de garantías, jurídicas y no les cobro impuestos, por la explotación de este recurso, las trasnacionales, tenían todo el apoyo de los tres poderes de gobierno, Federal, Estatal y Municipal. Lo cual utilizaron para robar terrenos petrolíferos, asesinar a sus dueños, despojar a los propietarios, etc., había un dicho que decía “si no, me lo vendes tú, tratare con tú viuda”, los trabajadores eran maltratados, golpeados, mal pagados, tenían las tiendas de raya, donde primero los emborrachaban, se acababan su salario, luego les fiaban frijol, maíz, etc., y como no sabían leer les ponían lo que querían de tal forma que eran deudas impagables, las cuales pasaban  a sus descendientes., en casos de accidentes los patrones no se hacían responsables, en sí, la explotación de los trabajadores, y, de los recursos naturales, era lo que le denominaban el capitalismo salvaje.

Ante todo, este tipo de agresiones en contra de los trabajadores, en 1915 formaron la Unión de Petroleros Mexicanos, en la refinería, El Águila, en el Estado de Veracruz, emplazándola a huelga, tuvieron resultados favorables, hubo más huelgas, en 1916 y 1917, pero fueron reprimidas, por el gobierno y por las trasnacionales.          

Sin embargo, la lucha de los trabajadores petroleros, continuo, en 1918 fundan la Unión de Obreros de Minatitlán que, estalló en huelga por aumento salarial en 1921, la huelga triunfo, los trabajadores que ganaban $1.50, pasaron a ganar $ 1.80, lograron un aumento del 20%. sin embargo, la represión aumentó, las trasnacionales despidieron a trabajadores, sobre todo aquellos que participaban políticamente por mejores condiciones de salario y de vida, de tal manera que los asesinatos, las golpizas, persecuciones, encarcelamientos y todo tipo de represiones estaban a la orden del día, pero, el movimiento petrolero no se amilano y continuaba, después de Minatitlán, se organizaron, en Cerro Azul, las Choapas, El Ebano, Mata Redonda, Poza Rica y Tampico.

Las trasnacionales, nunca estuvieron de acuerdo en que los trabajadores petroleros se organizaran, por eso mantenían todo un cuerpo de matones y represores que ejercían la intimidación para mantener controlados a los trabajadores. lo que decía Rafael Simoneen, petrolero de Minatitlán, “las compañías sostienen bandas de empistolados que tenían la misión de exterminarnos. Era raro el día que no mataban a uno”. A pesar de todo esto y con base en muchos sacrificios y asesinados, los trabajadores fueron haciendo sindicatos en cada una de las trasnacionales petroleras, es así que para 1935, todas las compañías petroleras tenían un sindicato, y su respectivo CCT. De tal manera que, a principios de 1935, varios de esos sindicatos se empezaron a reunir con la finalidad de unirse y formar un solo sindicato de industria[1], hecho que logran el 15 de agosto de 1935.

La formación del sindicato petrolero, les dio reconocimiento y simpatía, de trabajadores de otras partes del mundo que, también luchaban en contra de las trasnacionales y el capitalismo.

Habría que señalar que para para 1936, “cada compañía tenía celebrados Contratos con sus obreros y empleados y al formarse una sola agrupación en toda la industria, el sindicato presento el referido proyecto de contrato de conformidad con la ley del Trabajo”. en un principio las compañías estuvieron de acuerdo con el CCT, pero cuando vieron los montos de las prestaciones económicas y demandas de otra índole que presentaba el proyecto inicial, se inconformaron, y, en el mes de noviembre de 1936, estuvo a punto de estallar la huelga, en toda la industria petrolera.

Al ver este episodio, el gobierno de Lázaro Cárdenas, intervino directamente, logrando que los trabajadores y empresas, realizaran una convención obrera patronal, la cual duro 120 días, con la finalidad de discutir el CCT y ver si las partes llegaban a un arreglo. En las pláticas estuvieron presentes personal del gobierno, con la finalidad de que las partes llegaran a un acuerdo, sin embargo, esto no sucedió, los trabajadores no cedían en sus peticiones y las empresas, no las aceptaban, de tal manera, que se dieron por terminadas las platica en mayo de 1937.

Como no llegaron a ningún tipo de acuerdo, el sindicato petrolero amenazo con estallar la huelga, nuevamente intervinieron el Departamento del Trabajo, y, “la intervención personal del general Cárdenas, Presidente de la Republica[2]”, con la finalidad de evitar la huelga, esto no sucedió y a finales del mes de mayo de 1937 la huelga estalló, se dieron muchas pláticas entre empresas y trabajadores, pero no se llegó a ningún resultado.

Con el paso de los días, se empezó a sentir la escases de combustible, a los diez días, ya se veía un caos, el País estaba paralizado, era una situación muy crítica, y no se veía, ningún tipo de solución a la huelga. Las trasnacionales hicieron una campaña mediática muy fuerte en los periódicos de la época, planas enteras, hablando mal de los trabajadores petroleros, señalando que ganaban mucho. Los dueños de las empresas pensaban que, con el paso del tiempo, la población se iba a poner en contra de los trabajadores, de esa forma se verían obligados a someterse a las condiciones de las empresas.

Los trabajadores se dieron cuenta de la táctica que estaban empleando las trasnacionales y al ver que no había ningún tipo de entendimiento, ya que los trabajadores estaban pidiendo un promedio de 70 millones de pesos anuales, en aumento salarial y prestaciones, los empresarios solo ofrecieron 14 millones, con una serie de condiciones, que consistían en las renuncias de los trabajadores a varias conquistas sindicales, que ya habían logrado varias de las secciones de dicho sindicato. De tal forma que, los trabajadores decidieron cambiar de táctica y hacer una demanda de Orden Económico, con lo cual se suspendería la huelga y los trabajadores regresarían a sus actividades.

Las empresas decían que no tenían ganancias y que no podían satisfacer con las peticiones que demandaban los trabajadores. De tal manera que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, designo una comisión de peritos, donde participo la SHCP, el subsecretario de la Economía Nacional, y, el economista Jesús Silva Herzog, se pusieron a trabajar de manera inmediata ya que tenían un plazo que no debía exceder de 30 días para entregar su informe. Los peritos analizaron los libros de contabilidad de las empresas, sus contratos de ventas del petróleo, la situación mundial de los mercados, los antecedentes históricos de la industria, sus condiciones técnicas, el problema de los transportes, etc.,

El resultado del peritaje fue que las compañías si tenían capacidad económica. De tal manera que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCyA) emitió su fallo a favor de los trabajadores, sin embargo, hubo toda una serie de inconformidades por parte de las trasnacionales que, se ampararon y el caso tuvo que ser turnado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el día primero de marzo de 1938, la SCJN, confirmo el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Ante este hecho las compañías se declararon en rebeldía, al negarse a acatar la sentencia de la SCJN, y la indemnización de 26.332.756.00, de los salarios caídos por el conflicto obrero-patronal.

La rebeldía de las trasnacionales, escalo y no solo se daba en ignorar las leyes y la soberanía de la nación mexicana, sino que retaron a las autoridades federales, de tal forma que en una de las reuniones de las varias que realizaron con la presencia del Presidente Lázaro Cárdenas.

Ante la negativa de las empresas, los trabajadores no tenían otro camino , más que, pedir la cancelación de los contratos colectivos, que en ese momento regían sus relaciones laborales con las empresas, la JFCyA resolvió afirmativamente a la petición de los trabajadores, y, al no existir ninguna relación legal que fijara obligaciones entre las empresas y el sindicato petrolero, el comité ejecutivo del sindicato ordeno el 18 de marzo de 1938 la suspensión de las labores en toda la industria petrolera.

Ante tal situación a el gobierno de México, no le quedo de otra que, expropiar la industria petrolera, casi al momento que se estaba dirigiendo a la Nación, conectado por todas las estaciones de radio de ese entonces, llegaron los representantes de las trasnacionales, diciendo que, si podían pagar los 26 millones de pesos, pero su oferta había llegado demasiado tarde, ya se habían decretado la expropiación de todos sus bienes.

Corolario:

Así fue cómo surgió, el sindicato petrolero, que en menos de tres años hizo lo imposible, derroto a las trasnacionales petroleras en una batalla jurídica porque se reconociera su CCT, con lo cual las compañías no estuvieron de acuerdo, sin embargo, en la demanda de Orden Económico, el laudo salió a su favor, tras el amparo de las compañías, la SCJN, confirmo el Laudo de la SCJN. Las empresas se pusieron en rebeldía, despreciando las leyes y la soberanía del pueblo de México, ningunearon al presidente, Lázaro Cárdenas, a quien no le quedo de otra, más que expropiarles todos sus bienes a las trasnacionales.

Hay que hacer el señalamiento que, en ese momento los trabajadores petroleros tuvieron toda la simpatía y la solidaridad de la población en su conjunto y de los sindicatos de ese momento. Y al grito de ¡no volverán! Las trasnacionales, portadoras del capitalismo salvaje fueron expulsadas de nuestro País. Es conveniente analizar toda está lucha y la forma en como la enfrentaron los petroleros de antaño.

En el momento actual, nosotros, no podemos con los charros, enquistados en el STPRM desde 1949, que se han dedicado a enriquecerse a costas de los socios del STPRM, de Pemex y de la Nación. No puede ser. Nos tenemos que organizar y expulsar de una vez y para siempre al charrismo petrolero. Democratizando nuestro sindicato.

¡¡¡Fuera Charros del STPRM!!!

Unidos venceremos.

petroleros36.blogspot.com

petroleros36@gmail.com

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[1] Si están interesados en este tema pueden ver el libro: de Jesús Silva Herzog, “la expropiación del petróleo en México”, Cuadernos Americanos, México 1963.

[2] Obra citada.

Por una resolución justa, de la Desaparición forzada de, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya:

 México a 10 de agosto del 2022. Boletín # 28.

Verdad y Justicia:                             

Lic. Andrés Manuel López obrador. Presidente de México.

Lic. Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación.

Lic. Alejandro Hertz Manero. Fiscal General de la Republica.

Maestra. María del Rosario Piedra Ibarra. Presidenta de la CNDH.

Lic. Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de D. H., población y migración de la SG.

Dr. Arturo Saldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Magistrada. Margarita Ríos Fajat. Presidenta de la primera sala de la SCJN.

Al pueblo de México: 

 

Por una resolución justa, de la Desaparición forzada de, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya:

Aarón Soledad Hernández Jarillo.

La desaparición forzada es un crimen de estado, donde, están involucrados directamente los gobernantes de los tres niveles, el Federal, Estatal y Municipal., son ellos quienes tienen a su servicio las fuerzas armadas, el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, las Policías Estatales y Municipales, a quienes les ordenan que, desaparezcan forzadamente a sus opositores.

Las autoridades siempre van a negar que, desaparecieron o que tienen en su poder a un detenido desaparecido, el cautiverio de las víctimas, siempre va a ser en lugares clandestinos, en cuarteles militares, durante su cautiverio, las víctimas van a estar sujetas a torturas físicas y psicológicas, en caso de ser asesinadas, los perpetradores se deshacen de los cuerpos, de muchas formas, son enterrados en fosas clandestinas, son incinerados de manera clandestina, los disuelven en acido, utilizan aviones o helicópteros para arrojar los cadáveres al mar o a lugares inaccesibles.

La desaparición forzada está considerada como un crimen de lesa humanidad, la cual no prescribe, de tal forma que los familiares de las victimas pueden denunciar estos hechos, exigir la verdad y la justicia, tienen el derecho de demandar que los involucrados en este crimen sean castigados, y, que los daños y perjuicios sean reparados de manera integral.

Lo anterior en México no se cumple, ya que es un País que ha sido gobernado por criminales, cuyo interés es su enriquecimiento, de tal manera que utilizan el poder para saquear los recursos y el dinero, la aplicación de la justicia no, les interesa, en México más del 98% de los delitos quedan impunes, se puede decir que la aplicación de la justicia es nula.

En México de 1964 a la fecha ha habido más de 100 mil 250 personas desaparecidas, muchos de estos casos tienen que ver con la desaparición forzada, del 2006 a la fecha solo ha habido 35 sentencias, estamos hablando de casi el 100% de impunidad.

Esto obedece a que las personas encargadas de impartir justicia en este País, son parte del sistema político que ha imperado, de tal manera que los ministerios públicos, los jueces, magistrados, ministros, etc., siempre han estado del lado del gobierno y del capital, a eso obedece que más del 98% de delitos queden impunes.

En el caso de la desaparición forzada, los encargados de impartir justicia solo se han dedicado a hacerse de la vista gorda, a obstaculizar la justicia y a otorgar impunidad a los responsables. Ahí está el caso de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.

La función de los encargados de impartir justicia en los casos de desaparición forzada, no ha sido otra que la de solapar, proteger y otorgarle impunidad a los responsables de este crimen de Estado, dándole largas al asunto. En el caso de Gabriel y Edmundo, congelaron durante 5 años la averiguación previa, el amparo interpuesto en el 2013, lleva más de 9 años en espera, las autoridades, cuentan con todos los recursos jurídicos y legales para proceder conforme a derecho, esperamos que su voto sea imparcial, y, a favor de Edmundo y Gabriel. Ya no se pueden hacer de la vista gorda y torcer las leyes, con la finalidad, de que los responsables materiales e intelectuales de este crimen de Estado, queden impunes. De ser así se convertirían en cómplices de este crimen de lesa humanidad.

Corolario:

Con base en lo anterior, nos dirigimos a las magistradas/os, de la primera sala de la SCJN, para que, en la votación del 10 de agosto del 2022, donde se resolverá el expediente 51/2020, relacionado con la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel. Para que voten de manera unánime a favor de las víctimas de este crimen de lesa humanidad. Con lo cual se generaría un precedente para la mayoría de las personas víctimas de este crimen de Estado. De tal forma que estamos en espera de una votación a la altura de las circunstancias e instancias internacionales.  

Sí, Ustedes votan como se los estamos solicitando, se haría vinculatorio y se haría jurisprudencia, con lo cual se garantizaría que las demás víctimas de desaparición forzada, sean favorecidas, por eso esperamos que el voto de las 5 ministras/os, Margarita Ríos Farjat, Norma Lucia Peña Hernández, Juan Luis Gonzales Alcántara carranca, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y, Jorge María Pardo Rebolledo, sea favorable a Edmundo y Gabriel.

La aplicación de la justicia, conforme a derecho, también es un Derecho Humano.  

¡¡¡porque vivos se los llevaron vivos los queremos!!!   

Proyecto de resolución sobre la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, un crimen de Estado:

 

México a 8 de agosto del 2022. Boletín # 27.

Verdad y Justicia:                             

Lic. Andrés Manuel López obrador. Presidente de México.

Lic. Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación.

Lic. Alejandro Hertz Manero. Fiscal General de la Republica.

Maestra. María del Rosario Piedra Ibarra. Presidenta de la CNDH.

Lic. Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de D. H., población y migración de la SG.

Dr. Arturo Saldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Magistrada. Margarita Ríos Fajat. Presidenta de la primera sala de la SCJN.

Al pueblo de México: 

 

 

Proyecto de resolución sobre la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, un crimen de Estado:

Aarón Soledad Hernández Jarillo.

El proyecto de resolución presentado por la ministra Margarita Ríos Farjat, el 4 de agosto del 2022, para la revisión del amparo 51/2020. Sobre la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, se votará el 10 de agosto del año en curso, en la primera sala de la SCJN. Tiene que ser votado a favor por las cinco ministras/os, encargados de resolver este caso, con la finalidad de que se genere un precedente, para la mayoría de los casos de este crimen de Estado. Tienen que estar a la altura de los estándares internacionales. De lo contrario la verdad y la justicia se quedarán truncas.  

Algunos elementos:

Después de más de 15 años de la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel, la SCJN tiene en sus manos la oportunidad de hacer justicia en esta problemática, la cual ha estado llena de toda una serie de irregularidades y malas aplicaciones de la justicia, las cuales solo han entorpecido y alargado este juicio.

Hay que hacer el señalamiento que, desde un principio, quedo plenamente establecido, que estos dos revolucionarios fueron víctimas de desaparición forzada, los periodistas de la época señalaron de manera clara y puntual, la forma en como las autoridades ejecutoras de este crimen de Estado, actuaron con todo lujo de prepotencia y avasallamiento, para detener desaparecer a dos personas. Ya que, participo un grupo de fusileros del ejército mexicano y diversas fuerzas policiacas federales y del Estado de Oaxaca. Señalaron y quedo registrado que, en este operativo, participaron más de 200 hombres armados, en la detención de Edmundo y Gabriel.

Otro elemento relevante es que, desde el momento mismo de la desaparición forzada, la organización política, a la que pertenecen, estos dos luchadores sociales, Ejército Popular Revolucionario (EPR), se dirigió al presidente en turno de ese momento, Felipe Calderón Hinojosa y al Gobernador de Oaxaca, de ese momento, Ulises Ruíz Ortiz, exigiéndoles la presentación con vida de sus dos miembros, Edmundo y Gabriel. Este hecho quedo claramente registrado.

También es de importancia señalar que, por medio de reportes periodísticos, quedo registrado que, después de una semana de la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel, ambos fueron vistos en el campo militar número 1, con señales de tortura.

Como se puede apreciar estos hechos que, quedaron registrados en su momento, forman una serie de pruebas las cuales no pueden ser soslayadas por los encargados de impartir justicia en este País, sin embargo, hasta el momento han estado actuando, de manera injusta, favoreciendo a los perpetradores de este crimen de lesa humanidad, a quienes han estado protegiendo, solapando y dándoles impunidad.

Sobre la resolución del 10 de agosto:

Este próximo 10 de agosto la SCJN, se va a desahogar el amparo 51/2020, referente a la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel, es conveniente indicar que, en el proyecto de resolución, están elementos que permitirán el avance del expediente en este caso, sin embargo, es todavía una resolución a medias ya que a quienes están confirmando su participación en esta desaparición forzada es a miembros del ejército mexicano (SEDENA), a la Fiscalía General de la República (FGR) a la Secretaria de Gobernación (SG), que participaron en esos hechos. y, a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), los está emplazando, para que, en un plazo de 30 días hagan acciones específicas con la finalidad de resolver la problemática de este crimen de lesa humanidad. Pero, los actores intelectuales de ese atroz crimen de Estado, continuaran impunes.

Si bien es cierto que las indagatorias continuaran de acuerdo a lo que señala el proyecto de resolución, señala que, “existe la obligación de llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial, conducida a partir de la presunción de vida de la persona desaparecida, empeñada y comprometida con su hallazgo y con la persecución penal de los responsables. Destaca la importancia de la participación de las víctimas en los procesos de investigación y búsqueda, así como el derecho a conocer sus avances de manera oportuna, respetuosa y digna”.

En ese sentido, el proyecto señala, que, debe de haber una colaboración de todas las instancias públicas, y, de las autoridades competentes, para realizar acciones de búsqueda y contar con plenas facultades para tener acceso irrestricto y sin necesidad de previo aviso a todos los lugares donde podrían encontrarse las personas desaparecidas, incluidas las instalaciones militares. 

De acuerdo con lo anterior en este dictamen se tendrán que contemplar dos vertientes, una de carácter individual y otra colectiva, “La individual consiste en el derecho que tiene la víctima y su familia a conocer la verdad acerca de los hechos que derivaron en las serias violaciones a derechos humanos y a conocer la identidad de quienes participaron en las mismas. La dimensión colectiva implica la necesidad de prevenir dichas violaciones en el futuro”.

La sentencia confirma, “la apertura de instalaciones militares para buscar a los quejosos, y que el Secretario de la Defensa Nacional debe prestar todas las facilidades necesarias para realizar dichas diligencias”.

Confirma que la SEDENA debe publicar en un diario de circulación nacional un extracto de la sentencia de amparo, como forma de aceptación de su responsabilidad institucional en la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

Confirma que la Fiscalía General de la República debe publicar en su página principal de internet la investigación que se realiza y las pruebas que existen, y si bien se podrán testar los nombres de los servidores públicos que participaron en la desaparición, esto será hasta en tanto haya sentencia ejecutoriada en su contra.

Como se podrá apreciar, hay un avance considerado en lo que se refiere a los actores materiales de este crimen de Estado, aunque faltan otras instancias como, la Secretaría de Marina (SM) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), entre otros. Y, definitivamente se debe de llegar a los actores intelectuales de este hecho, donde las investigaciones apuntan al ex presidente, Felipe Calderón Hinojosa y al ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruíz Ortiz. En ese sentido esperamos que la SCJN, actué en consecuencia y conforme a derecho.

En lo que se refiere a la reparación integral del daño, al parecer el proyecto de resolución, está conforme a derecho, sin embargo, estaremos en espera de la votación.

Corolario:

Con respecto a la votación del 10 de agosto, esperamos que las cinco ministras/os, Margarita Ríos Farjat, Norma Lucia Peña Hernández, Juan Luis Gonzales Alcántara carranca, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y, Jorge María Pardo Rebolledo, voten a favor del proyecto de resolución, con la finalidad de que, en realidad se genere un precedente, para la mayoría de las personas víctimas de este crimen de lesa humanidad. Esperamos una votación a la altura de las circunstancias e instancias internacionales.   

De esa forma se haría vinculatorio, se haría jurisprudencia, lo cual garantizaría que las demás personas víctimas de desaparición forzada, sean favorecidas. De tal manera que esperamos que el voto de los cinco ministros/as encargados de resolver esta problemática sea a favor, y, en consecuencia, fortalecerán el estado de derecho, para todo el pueblo de México.

Ya basta de impunidad. No, queremos más simulaciones.

¡¡¡porque vivos se los llevaron vivos los queremos!!!   

                             

 

La desaparición forzada de, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, un crimen de Estado:

 

México a 1 de agosto del 2022. Boletín # 26.

Verdad y Justicia:            

Lic. Andrés Manuel López obrador. Presidente de México.

Lic. Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación.

Lic. Alejandro Hertz Manero. Fiscal General de la Republica.

Maestra. María del Rosario Piedra Ibarra. Presidenta de la CNDH.

Lic. Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de D. H., población y migración de la SG.

Dr. Arturo Saldívar Lelo de Larrea, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Magistrada. Margarita Ríos Fajat. Presidenta de la primera sala de la SCJN.

Al pueblo de México: 

 

La desaparición forzada de, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel 

Alberto Cruz Sánchez, un crimen de Estado:

Aarón Soledad Hernández Jarillo.

Gabriel y Edmundo, fueron desaparecidos el 25 de junio del 2007, cuando, Felipe Calderón Hinojosa era presidente y Ulises Ruíz Ortiz, era gobernador de Oaxaca. Ya ha quedado establecido que estos dos personajes, se aliaron y mandaron organizar todo un operativo, conformado por un escuadrón de fusileros del ejército mexicano, corporaciones policiacas federales y del Estado de Oaxaca., periodistas de la época señalaron que participaron más de 200 hombres armados, para detener a Edmundo y Gabriel.

Desde su desaparición forzada, las víctimas fueron identificadas como miembros del EPR, organización política que desde un principio le exigió a Felipe Calderón y a Ulises Ruíz, la presentación con vida de Edmundo y Gabriel, sin embargo, no obtuvieron respuesta, lo cual quedo registrado. Los medios de información también señalaron que las víctimas fueron vistas una semana después en el campo militar número 1, con muestras de tortura. Como se podrá apreciar, el Estado mexicano dejo toda una serie de evidencias, que indican notoriamente su participación en este crimen de Estado.

Parte de la lucha política y jurídica:

Los familiares de las víctimas, su representación jurídica, organizaciones políticas, de derechos humanos, personalidades, etc., han estado luchando por más de 15 años, por obtener la verdad y la justicia en este caso, exigiendo el castigo a los responsables y la reparación integral del daño. Dentro de las acciones promovidas por los familiares de Gabriel y Edmundo, está la denuncia ante la FGR y el juicio de amparo donde señalan como autoridades responsables de desaparición forzada, a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la ex Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Marina (SM) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), entre otros.

En el 2008 los familiares de Gabriel y Edmundo, iniciaron la averiguación previa (047/2008), por desaparición forzada de personas, la cual, fue congelada por 5 años. Sin embargo, en el 2013 presentaron un amparo (942/2013), con el cual logran reactivar la averiguación previa, el amparo sale a su favor, el Juez ordena a las autoridades señaladas como responsables rindan un informe.

En el 2014, las autoridades amenazaban con la anulación de la denuncia, por lo cual fueron interpuestas 2 quejas en el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del primer circuito, (29/2014 y 33/2014). El 19 de junio de 2014, se obtuvo la resolución judicial, de la queja 29/2024. Donde el noveno tribunal, En su tercer resolutivo señala. “Tercero.- por abundantemente información publicada en medios de comunicación nacionales, así como derivada de la recomendación 7/2009 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se ha dicho que los señores, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez en el transcurso de la semana en la que desaparecieron forzadamente fueron trasladados a las instalaciones de la prisión militar, ubicada en el campo militar número uno perteneciente a la primera región militar de la Secretaría de la Defensa Nacional^[1]”.

Es conveniente indicar que el 6 de agosto del 2020, fueron libradas ordenes de aprensión, hasta el momento han sido detenidas 8 personas, implicadas en la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel, hay otros dos que se encuentran prófugos, el ex procurador del estado de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez, y, el exdirector de la policía ministerial Pedro Hernández Hernández. Lo cual indica claramente la existencia de este crimen de Estado.

El amparo fue atraído por la SCJN, el 4 de junio de 2020, dándole el número de expediente 51/2020, para resolver el recurso de revisión., ya lleva más de dos años en su poder y hasta el momento, no han hecho nada, ahora, está programado para su resolución el 10 de agosto del 2022. Hay que recordar que el 22 de junio del 2022 programaron la resolución de dicho amparo, sin embargo, el proyecto de resolución presentado el día 16 de junio del 2022, estaba lleno de irregularidades, no era claro y preciso, con lo cual dejaba muchos huecos por donde los responsables de este crimen de Estado podían burlar la justicia, de tal manera que los familiares de las víctimas y su abogado, entregaron toda una serie de peticiones, las cuales fueron entregadas a la Ministra, Margarita Ríos Farjat, quien se comprometió a tomarlos en cuenta y “a actuar con todos los recursos de la corte, estudiar a fondo con la mayor responsabilidad y seriedad posible”.

De tal manera que el 22 de junio del año en curso se llevó un mitin, frente de las instalaciones de la SCJN, donde los ponentes señalaron que había condiciones para que, en julio se volviera a enlistar el amparo y que para el mes de agosto se resolviera. A estas alturas ya estamos sobre los plazos, el 8 de julio se enlisto el expediente y para el 10 de agosto, está programada su resolución.

No sabemos, en qué condiciones saldrá el proyecto resolutivo, pero esperamos que este conforme a derecho y en realidad se respeten las garantías y el derecho que tienen los familiares de las víctimas, a saber, la verdad y la justicia, a exigir el castigo a todos los responsables materiales e intelectuales de este crimen de Estado, y a la reparación integral del daño.  

Si los cinco Magistrados, actúan conforme a derecho y confirman la sentencia, la responsabilidad por comisión o por omisión del expresidente, Felipe Calderón Hinojosa, del exgobernador, de Oaxaca, Ulises Ruíz Ortiz, del General, Guillermo Galván Galván, del Almirante, Mariano Francisco Saynez Mendoza (finado), entre otros, quedaría probada. 

Con base en todo lo anterior, le exigimos a las ministras/os, Margarita Ríos Farjat, Norma Lucia Peña Hernández, Juan Luis Gonzales Alcántara carranca, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y, Jorge María Pardo Rebolledo, apliquen la ley conforme a derecho, en el caso de Gabriel y Edmundo, con la finalidad de garantizar la verdad y la justicia, castigo a los responsables intelectuales y materiales, así como la reparación integral del daño a los familiares de las víctimas. Y sobre todo que se establezcan y manejen las garantías para todas las víctimas de desaparición forzada, cuando menos desde los años 60s hasta el momento actual. Ya no queremos más simulaciones.

 

¡¡¡porque vivos se los llevaron vivos los queremos!!!   

                   

         

 

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[1] Gaceta del Senado, miércoles 8 de junio 2016/GACETA: LXIII1SRP-11/63415, ficha técnica.